La organización de derechos humanos Human Rights Watch acusó al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa de usar “medidas frecuentemente abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del coronavirus, y de restringir el trabajo de la prensa para cubrir la situación en la provincia.
El informe señala que el gobierno de Insfrán habría “empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”,
“Desde abril de 2020, más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias”, aseveró HRW en conjunto con los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.
En su descripción, la ONG afirma que las autoridades de Formosa mantenían aisladas a personas con resultados positivos y negativos en el mismo lugar. “En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, afirmaron los especialistas en derechos humanos.
“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19″, indicó la doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.
Pietragalla en Formosa
Luego afirmaron que a partir de la visita del secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, los días 27 y 28 de enero, desde el ejecutivo provincial cerraron algunos centros de aislamiento y modificaron algunos protocolos. En marzo, y a partir de una orden judicial, la provincia autorizó los viajes hacia sus ciudades.
La organización no se mostró conforme con el desempeño de Pietragalla. “Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins recomiendan al gobierno del Presidente Alberto Fernández trabajar con el Congreso para designar a un defensor que asegure credibilidad, independencia y evaluaciones confiables sobre las condiciones de los derechos humanos en Formosa y en el resto del país”, concluyeron los especialistas.