Asociaciones de prestadores, ya pasadas las elecciones, pudieron reunirse con el interventor del IASEP, Claudio Samaniego, para destrabar el conflicto por las actualizaciones de los aranceles que reciben por las prestaciones médicas.
La respuesta fue contundente: no habrá aumento hasta el año que viene. Con ese panorama salieron las prestadores y ahora analizan la posibilidad de suspender las atenciones a empleados estatales y familiares de la principal obra social que tiene la provincia.
En este 2021, IASEP aumentó un 45% los aranceles que reciben los prestadores médicos pero eso resulta insuficiente, según sostienen las asociaciones, para brindar atención a los afiliados.
La obra social está intervenida desde que asumió Gildo Insfrán a la gobernación y con el cambio de autoridades fue degradando su atención.
Los patólogos fueron los primeros que decidieron cortar las prestaciones, lo que derivó en intervenciones quirúrgicas que no se pudieron practicar y en un insólito convenio con el Hospital Evita para recibir a los afiliados: se les realizan descuentos para ser atendidos en un establecimiento público.
IASEP tiene para este año un presupuesto asignado de $ 6.223.487.011 en gastos, pero sus recursos con una planta de 208 empleados y con ingresos estimados en $3.572.632.382. La obra social es deficitaria.
Con este escenario financiero y el organismo intervenido, todas las decisiones presupuestarias salen del ministerio de Economía de Jorge Ibáñez para avanzar en el aumento de las prestaciones.
También Ibáñez administra la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM) que demandará en este 2021 $5.930.756.916, de acuerdo a lo presupuestado. De esta Unidad también recibe los medicamentos IASEP para entregar en sus farmacias.
El conflicto con las asociaciones de prestadores, como ACLISA, puede escalar en cortes de servicios como ya ocurre con más silencio entre los odontólogos: pocos siguen recibiendo a los estatales y con pagos extras elevados.
Durante la campaña el tema IASEP fue uno de los puntos que puso la agenda la oposición, no sólo por los problemas en su atención al público y farmacia, sino ahora por la inminente salida de varios prestadores pese a ser el cliente más importante en cantidad de pacientes.
El fin de semana largo puso freno a una decisión que aparenta inminente y que tiene la cura en las manos de Economía provincial.