Incómodos con la Corte Suprema de Justicia por lo que consideran un tratamiento preferencial para CABA, los gobernadores peronistas salieron a meter presión para ampliar el cuerpo a 25 miembros en un plan de soberanía judicial.
El gobernador formoseño, Gildo Insfrán, es uno de los promotores de la medida y la Fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, puso en escena en la provincia la defensa del proyecto.
Zabala quien consideró a este proyecto “absolutamente revolucionario, positivo y ultra necesario”, porque propicia “un auténtico federalismo con las realidades de cada provincia, atendiendo a la especialidad de cada tema y respetando la paridad de género”, subrayó en comunicación a los medios oficiales.
La funcionaria provincial argumentó en el federalismo el plan sobre la Corte, pero también un aspecto que lo sufre la justicia formoseña: la demora en las causas judiciales.
“Una Corte acotada ya no resiste más, debido a la cantidad de causas que no llegan a tratarse, porque es sumamente dificultoso poder solucionarlas y resolverlas en demasía”, dijo la Fiscal de Estado y ex jueza del Tribunal de Familia.
Por supuesto, esta demora Zabal a punto que es para algunas caras: “Es llamativo que algunas causas se resuelvan en tiempo meteórico”, destacando que “la provincia ha planteado distintas demandas y no hemos logrado ni el despacho inicial, sin embargo cuando se tratan de temas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salen en tiempo récord”.
Por eso, resaltó que eso no pasaría en una Corte que realmente cuente con representación de las provincias, practicando un sistema federal, “y esto sería un avance inmenso en la materia”, dijo.
“Eso ya no es justicia, es padecimiento”, explicó Zabala al referirse a las altas demoras en el tiempo de atención de un caso. Y expuso que al tener 25 integrantes se requerirá una reglamentación especial, “pero será mejor y nadie que haya litigado en la Corte puede dudar de esto o contradecirlo”.
El debate surgió por parte de los gobernadores y el presidente Alberto Fernández por un doble objetivo político. Los reclamos por la Coparticipación de CABA, junto a mejorar el escenario judicial de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.