Este viernes el Tribunal Oral Federal en Formosa juzgará a los exjueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey, por presuntamente haber omitido investigar el secuestro de 8 trabajadores del Poder Judicial durante la última dictadura cívico-militar
Este representa el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
Para el inicio del juicio llegará a la provincia el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y aprovechará para firmar un convenio con el gobierno provincial para la realización de acciones de formación en materia de derechos humanos destinada a fuerzas de seguridad y personal del servicio penitenciario de acuerdo a su rango y función específica.
Pietragalla Corti, ya estuvo en Formosa en enero del año pasado en medio de las denuncias de Amnistía Internacional y Human Right Watch por violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Gildo Insfrán en medio de las restricciones por la pandemia.
En esas visitas, el funcionario nacional no observó violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos por parte de la administración Insfrán y por lo que fue muy cuestionado.
Acusados
Montoya y Vázquez Rey fueron nombrados como ministros del máximo tribunal provincial en mayo de 1976 por el entonces gobernador de facto de Formosa, el coronel Juan Carlos Colombo.
Las 8 víctimas eran empleadas en diferentes áreas de la justicia provincial y muchas de ellas integraban la Asociación Judicial de Formosa. Fueron secuestradas entre agosto y octubre de 1976 y llevadas a los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Destacamento Policial de San Antonio, denominado también como “La Escuelita”, y en el Regimiento de Infantería de Monte 29.
Según se pudo reconstruir en la investigación, los entonces ministros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa recibieron informes del jefe del Área Militar 234 en los que las autoridades militares asumen la responsabilidad sobre las detenciones ilegales.
Los jueces habrían omitido corroborar la legalidad de esas detenciones y las condiciones en las que fueron mantenidos cautivos y por el contrario, a partir de esos informes, decidieron cesantear o suspender de sus tareas a las víctimas.
Otros dos miembros del máximo tribunal provincial durante la dictadura, Sergio Martínez y Juan Fernández Bedoya, también estuvieron acusados por estos hechos, pero fallecieron antes de que el expediente fuera elevado a juicio.