En medio del caliente verano por el pedido de juicio político a la Corte Suprema que impulsa el presidente Alberto Fernández, acompañado del gobernador formoseño, Gildo Insfrán y otros 10 mandatarios, el Congreso aparece frenado para otros temas esenciales.
El diputado nacional por la UCR, Ricardo Buryaile, opinó que este pedido de juicio político a la Corte Suprema forma parte de “la estrategia del Gobierno que es difamar y embarrar”.
Buryaile apuntó a los integrantes del oficialismo porque “no hay un solo miembro de la Corte que no haya sido votado por el peronismo”, cuando ahora pretenden la destitución.
El 1° de febrero de 2016, con menos de 100 días en el poder, Macri envió al Senado los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
Se trató en el Senado el 15 de junio de 2016 y ambos fueron aprobados por amplia mayoría, con aval incluso del Frente para la Victoria-PJ, hoy Frente de Todos. La designación de Rosenkrantz obtuvo 58 votos afirmativos y 12 negativos, mientras que la de Rosatti contó con 60 positivos y 10 en contra.
Con el aval de Gildo Insfrán, los senadores formoseños José Mayans y Graciela de la Rosa votaron por la designación de ambos integrantes del máximo tribunal que hoy está en el centro de los ataques tras la cautelar por la Coparticipación en favor de CABA.
El legislador formoseño descartó la posibilidad real de la avanzada oficialista porque “bajo ningún término van a juntar dos tercios para echar a los miembros de la Corte”. Y aseguró, en declaraciones a Radio Colonia, que “si te llevas puesta a la justicia somos Venezuela”.